En un doble y determinante sentido; económico porque supone una partida de gasto sumamente importante y, un adeudo asegurador administrado por el Estado.
En Francia, por ejemplo el sistema de retiro arrastra un desequilibrio del 0.8% del PIB, aproximadamente, 18.000 millones de euros.
El Consejo de expertos galo, órgano oficial en materia de pensiones da por hecho que el modelo no encontrará la línea de flotación financiera hasta mediados de 2030, en el escenario más optimista. Estima que los regímenes de pensión no pueden financiarse de manera duradera por medio del endeudamiento. El Consejo preconiza como fórmula de mantener la “tasa plena”, es decir, los parámetros actuales de la prestación, reducir el costo global de la misma a un 12%, como máximo el 13% del PIB y, puntualiza para ello aumentar el tiempo de cotización y revalorizar la pensión a un ritmo inferior a la inflación. También propone otra herramienta de freno consistente en elevar la edad o la fecha de retiro, actualmente en el país vecino situada en 62 años (muy similar a España), subir esa media a los 64 años.
Son medidas similares a las de nuestro sistema, aunque en nuestro caso las actuaciones son más lentas y discrepan abiertamente en el tema de las revalorizaciones sujetas aquí al vaivén del coste de vida.
El Comité de expertos franceses reconoce la dificultad de aplicar medidas de carácter universal al conjunto de activos porque hay muchas situaciones peculiares, cita por ejemplo, la situación de los mayores en paro prolongado, y muchos otros aspectos añadimos, como el tema de las bonificaciones que trascienden notablemente el contexto recaudatorio que a fin de cuentas es el registro fundamental del problema: la sostenibilidad de la estructura socio-económica de pensiones.