La Seguridad Social en apuros

Las cotizaciones de la seguridad social presentan saldo negativo de 5.167 millones de euros en los últimos  siete meses de 2020. En este periodo las cotizaciones ingresadas se han elevado a 69.019 millones, 2.725 menos, debido en gran parte al descenso de las cotizaciones de los ocupados y de los desempleados, con las exenciones o bonificaciones por los ERTES que se empiezan a notar gravosamente.

Los gastos por prestaciones contributivas (jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y en favor de familiares) han ascendido a 75.078 millones, cantidad que sobrepasa lo recaudado. Las prestaciones menores (natalidad, cuidado de menor, lactancia, riesgo durante el embarazo y maternidad) se elevaron a 1.674 millones.

Anotar la partida imparable de I.T que a pesar de menor afiliación por la crisis ha crecido un 23%, 6.278 millones (enfermedad común) y en contingencias profesionales 973 millones actualmente con incremento del 66% por los efectos del COVID-19.

Las prestaciones extraordinarias para autónomos en 31 de julio último ascendieron a la cifra de 3.580 millones, mientras que las prestaciones no contributivas y complementos a mínimos en el ejercicio 2019 llegaron a los 6.810 millones. La nueva prestación de ingreso mínimo vital a 31 de julio se cifra en 33.36 millones.

Estos datos económicos revelan lo ya sabido, y es que la Seguridad Social necesita con urgencia una reedición de los Pactos de Toledo en esta materia. Algunas voces postulan el trasvase de las pensiones, especialmente, la jubilación a partidas presupuestarias, pero no es solución pasar la deuda de un obligado a otro. Hay que someter a profundo estudio toda la acción protectora bajo una visión eminentemente técnica, alejada de ideologías que  esterilizan soluciones rápidas y eficaces ante una situación desastrosa en términos de viabilidad económica.

La salud no espera.

De acuerdo con la información publicada por Diario de Navarra el pasado 14 de enero de 2020, un total de 41.730 personas engrosaban la lista de espera para primeras consultas de especialidades al acabar el año, y 8.038 para la práctica de una operación quirúrgica.

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