El Gobierno ha presentado recientemente una propuesta legislativa que busca reducir la jornada laboral máxima semanal de las actuales 40 horas a 37,5. Esta medida, anunciada como parte de un paquete de reformas orientadas a mejorar la conciliación laboral y personal, ha generado un amplio debate entre sindicatos, empresarios y distintos sectores sociales.
Es importante subrayar que, a día de hoy, esta nueva jornada laboral no ha sido aprobada. La iniciativa se encuentra todavía en fase parlamentaria, lo que implica que debe superar varios pasos antes de convertirse en ley: discusión en comisiones, votaciones en el Congreso y el Senado, y su eventual publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Hasta que este proceso no se complete, la legislación laboral vigente continúa siendo la que establece una jornada máxima de 40 horas semanales, tal como recoge el Estatuto de los Trabajadores.
Mientras la ley no se apruebe, ningún empleador está obligado a aplicar la reducción de jornada. Cualquier modificación en los horarios laborales deberá ser fruto de acuerdos entre las partes, dentro del marco legal vigente.
Se espera que el debate parlamentario continúe en los próximos meses. De salir adelante, la reducción de jornada se aplicaría de forma progresiva, según un calendario que aún está por definirse.