Las cotizaciones de la seguridad social presentan saldo negativo de 5.167 millones de euros en los últimos siete meses de 2020. En este periodo las cotizaciones ingresadas se han elevado a 69.019 millones, 2.725 menos, debido en gran parte al descenso de las cotizaciones de los ocupados y de los desempleados, con las exenciones o bonificaciones por los ERTES que se empiezan a notar gravosamente.
Los gastos por prestaciones contributivas (jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y en favor de familiares) han ascendido a 75.078 millones, cantidad que sobrepasa lo recaudado. Las prestaciones menores (natalidad, cuidado de menor, lactancia, riesgo durante el embarazo y maternidad) se elevaron a 1.674 millones.
Anotar la partida imparable de I.T que a pesar de menor afiliación por la crisis ha crecido un 23%, 6.278 millones (enfermedad común) y en contingencias profesionales 973 millones actualmente con incremento del 66% por los efectos del COVID-19.
Las prestaciones extraordinarias para autónomos en 31 de julio último ascendieron a la cifra de 3.580 millones, mientras que las prestaciones no contributivas y complementos a mínimos en el ejercicio 2019 llegaron a los 6.810 millones. La nueva prestación de ingreso mínimo vital a 31 de julio se cifra en 33.36 millones.
Estos datos económicos revelan lo ya sabido, y es que la Seguridad Social necesita con urgencia una reedición de los Pactos de Toledo en esta materia. Algunas voces postulan el trasvase de las pensiones, especialmente, la jubilación a partidas presupuestarias, pero no es solución pasar la deuda de un obligado a otro. Hay que someter a profundo estudio toda la acción protectora bajo una visión eminentemente técnica, alejada de ideologías que esterilizan soluciones rápidas y eficaces ante una situación desastrosa en términos de viabilidad económica.