No siempre el derecho de opinión es respetable
En un abracadabrante artículo aparecido en la revista de Derecho de Trabajo del mes de octubre 2021…
(más…)La conflictiva relación contractual de las plataformas digitales y sus agentes
Con fecha 3 de septiembre de 2018, el Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid, dictó Sentencia en la que desestimaba la demanda formulada por un operario de la empresa GLOVO APP 23 S.L. (de aquí en adelante GLOVO) sobre despido, absolviendo a la misma de todas las pretensiones ejercitadas en su contra. El actor interpuso Recurso de Suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia el 19 de septiembre de 2019, desestimando el Recurso y confirmando la Resolución de Instancia.
(más…)Decaimiento de los servicios
Con motivo del Covid-19 los servicios en general han sufrido importantes cambios, cancelaciones y confinamiento que han alterado a lo largo del último año y medio todas las expectativas de diverso signo.
En este trabajo no vamos a entrar en aspectos sanitarios, educativos, familiares ni mucho menos políticos. Tratamos concretamente de evaluar el nivel de las prestaciones que a causa de la pandemia ha recibido y recibe el ciudadano en sus necesarias y exigibles relaciones con las Administraciones Públicas y privadas de tipo esencial.
(más…)Modificación en la cotización de autónomos
El Gobierno parece haber decidido un nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social para los trabajadores Autónomos en base a sus ingresos reales, que pretende entre en vigor durante la primera mitad del próximo año 2022.
(más…)No al automatismo sancionador
El Tribunal Supremo ha planteado cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en el recurso de casación 1481/2019 por entender que la sanción tipificada en determinadas reglas de la Ley General Tributaria pueden ser contrarias al artículo 25.1 de la Constitución Española en relación con los artículos 11 y 9.3 de la misma.
(más…)El contrato de trabajo a plazo ¿un tema irresoluble?
La contratación eventual ha pasado a convertirse en un conflicto social, incluso en progresión, que supera los niveles existentes entre los países miembros de la UE. Actualmente, de cada cien contratos suscritos en España, noventa son temporales, y lo más alarmante es que las Administraciones públicas son las primeras incumplidoras de la normativa, al extremo que se está estudiando sancionar a los órganos de aquellas que infrinjan la regulación contractual y la propia doctrina de los Tribunales está poniendo coto a tales irregularidades. Parece ser que la UE va a tomar cartas en el asunto condicionando algunas partidas de ayuda comunitaria a la toma de medidas eficaces para contener la masiva contratación temporal.
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